Asamblea Nacional del Ecuador rechaza todo intento de desestabilización económica y política contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro

Quito, 29 de diciembre de 2014 (MPPRE).- La Asamblea Nacional de la República del Ecuador, emitió una resolución este lunes 29 de diciembre de 2014, en apoyo a la República Bolivariana de Venezuela en el plenario del Parlamento ecuatoriano.

En un acto solidario con la Revolución Bolivariana, el cuerpo legislativo ecuatoriano hizo un análisis de la situación de violencia generada por la oposición venezolana que derivó en 43 víctimas mortales y daños materiales incuantificables. De esta forma se hace una condena de la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela”, sancionada por el presidente Barak Obama. De igual forma, en un espíritu de firme vocación bolivariana y nuestroamericana hace un reconocimiento a las resoluciones de Unasur y Mercosur en su respaldo al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro y el pueblo de Venezuela.

Finalmente presenta su solidaridad al Gobierno y el pueblo de Venezuela ante la intención de desestabilización política y económica. La resolución se aprobó con 66 votos afirmativos, 16 negativos y 4 abstenciones. De esta forma, una vez más se cosecha la semilla que sembró el Comandante Eterno Hugo Chávez en su paso por la consolidación de un mundo más justo y en donde los valores de la unión suramericana se ponen de manifiesto en cada gesto.

A continuación el texto íntegro de la resolución aprobada:

Considerando:

  1. Que el pueblo y gobierno venezolano debieron enfrentar, durante los meses de febrero y marzo de 2014, una grave amenaza en contra del gobierno legítimamente constituido.

2. Que esta situación derivó en graves y sangrientos disturbios que costaron la vida a 43 personas, entre ellas varios miembros de la fuerza pública de la República Bolivariana de Venezuela.

3. Que estas dolorosas pérdidas y la violencia que las provocó pueden vincularse a la acción de agitadores y elementos provocadores cuyo objetivo era la desestabilización de la democracia venezolana.

4. Que existen fundadas sospechas que algunos de estos individuos estaban vinculados a potencias extranjeras.

5. Que el Senado de los Estados Unidos de América elaboró un anteproyecto de ley denominada “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la sociedad civil de Venezuela” que establece sanciones contra numerosos funcionarios y ciudadanos venezolanos y extranjeros así como explícitas políticas de desestabilización en contra del Pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

6. Que dicho proyecto fue sancionado por el Presidente Barack Obama, aduciendo supuestos atentados a los derechos humanos por parte de la fuerza pública venezolana encargada de defender la institucionalidad y el orden legítimamente constituido.

7. Que medidas unilaterales como las establecidas atentan contra los principios de la justicia, libre determinación y no intervención en asuntos internos reconocidos por el Derecho Internacional y constituyen acciones de presión política que no contribuyen al fortalecimiento de relaciones de hermandad entre los pueblos y sus gobiernos.

8. Que mediante la Resolución 02/2014 adoptada en la reunión extraordinaria de los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Sudamericanas -UNASUR-, adoptada en Santiago de Chile en 12 de marzo de 2014, los países miembros manifestaron su “preocupación ante cualquier amenaza a la independencia y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela”, reiterando su apoyo al gobierno del Presidente Nicolás Maduro quien fuera democráticamente electo por el pueblo venezolano.

9. Que los presidentes del Mercado Común del Sur -Mercosur-, en la cuadragésima séptima cumbre celebrada en la ciudad argentina de Paraná el día 17 de diciembre de 2014, mostraron su profundo rechazo a la aplicación de sanciones a la República Bolivariana de Venezuela, a través de la ley recientemente sancionada por el Presidente de los Estados Unidos de América, que vulnera el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados y no contribuye a la estabilidad, la paz social y la democracia. Y, en consecuencia, instaron al Gobierno de EE.UU. a abstenerse de aplicar dichas sanciones a la vez que manifestaron su más firme respaldo y solidaridad con el Gobierno y pueblo venezolano.

10. Que la Asamblea General de Naciones Unidas, en la Resolución A/RES/61/11, exhortó a todos los Estados que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente leyes de carácter económico y comercial contra otro Estado que afecten al libre desarrollo del comercio internacional e instó una vez más a los Estados en los que existían y continuaban aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomaran las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto.

11. Que el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos de América elaboró un informe sobre el Programa de Detención e Interrogación de la Central de Inteligencia Americana, desclasificado en diciembre de 2014, en el cual se detalla que el “interrogatorio mejorado” aplicado por la CIA implicó la aplicación de métodos de tortura como la alimentación rectal, el ahogamiento simulado o waterboarding, la privación del sueño por períodos de hasta 102 horas, el “colgamiento” y amenazas reiteradas de muerte o de vejaciones sexuales contra los detenidos o sus familiares, entre otras técnicas calificadas como “brutales”, pese a lo cual los Estados Unidos de América pretende condenar a la República Bolivariana de Venezuela por supuestas violaciones a los derechos humanos.

12. Que, mientras se toman estas medidas contra el Gobierno Bolivariano de Venezuela, en los propios Estados Unidos su población ha sido reprimida por protestar masivamente contra el asesinato de varios ciudadanos afroamericanos en actos calificados como de uso excesivo de la fuerza pública en clara violación a sus Derechos Humanos.

13. Que un atentado contra la soberanía y la independencia de un Estado Latinoamericano constituye una agresión a toda la región y pone en riesgo la paz y la estabilidad del hemisferio.

14. Que un atentado contra la soberanía y la independencia de un Estado Latinoamericano constituye una agresión a toda la región, constituyéndose en un acto intolerable que pone en riesgo la paz y la estabilidad del hemisferio.

Resuelve:

  1. Solidarizarse con el Gobierno y Pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela frente a la expedición por parte del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica de la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014” y rechazar todo intento de desestabilización económica y política en contra del gobierno legalmente constituido del Presidente Nicolás Maduro.

2. Rechazar la expedición de instrumentos jurídicos de carácter extraterritorial como la “Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la sociedad civil de Venezuela” que impone sanciones de carácter extraterritorial e injerencista contra el Gobierno y pueblo venezolano, que además atenta contra el principio de libre determinación de los pueblos y constituye el inicio de una nueva escalada de agresiones contra el pueblo venezolano y cuya aplicación se convertiría en un nefasto precedente para los gobiernos democráticos de la región.

3. Requerir la intervención de los Organismos Internacionales de carácter mundial y regional para que se cumplan las normas del Derecho Internacional y se rechace la expedición unilateral de leyes de carácter económico y comercial por parte de un Estado, como retaliación política.

4. Respaldar y adherir al comunicado de los presidentes del Mercado Común del Sur -Mercosur- que rechazó la aplicación de sanciones a la República Bolivariana de Venezuela por no contribuir a la estabilidad, la paz social y la democracia.

5. Manifestar nuestra solidaridad con el Gobierno y Pueblo de la hermana República Bolivariana de Venezuela ante la persecución sistemática a sus líderes y el respaldo incondicional ante los intentos de desestabilización económica y política en contra del gobierno legalmente constituido del Presidente Nicolás Maduro, que podrían provocar una desestabilización de la paz y del orden democrático en la región.

6. Exhortar al Consejo de Derechos Humanos y al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a tomar todas las medidas necesarias para impedir que se impongan sanciones al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en atención al respeto irrestricto de todos los Estados al Derecho Internacional que garantiza la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.

7. Entregar esta resolución a la Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela ante nuestro país.

 

Dado en Quito a los 29 días del mes de Diciembre de 2014.